NOTAS SOBRE PROCESOS DE REMUNICIPALIZACIÓN y LEY DE PRESUPUESTOS EN LA ASAMBLEA DE MADRID

GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS EN LA ASAMBLEA DE MADRID NOTAS ACERCA DE LOS PROCESOS DE REMUNICIPALIZACIÓN Y EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2017.

 
Con carácter previo al análisis jurídico conviene precisar el contexto político en el que se enmarca la disposición adicional vigésimo séptima del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 que expondremos más adelante. En los meses precedentes a la aprobación del proyecto de ley de PGE para el 2017 se han producido diversos avances municipales (y a escala autonómica) en materia de reversión hacia la gestión pública directa de los servicios públicos locales y autonómicos una vez finalizada la concesión del servicio.
Como señalaremos a continuación, en los ejemplos del Ayuntamiento de Zaragoza y el de Valladolid, el Gobierno a través de la abogacía del Estado, se ha personado e impugnado los procedimientos promovidos por Ayuntamientos que aprobaron la reversión hacia la gestión directa de servicios públicos locales que previamente estaban externalizados, es decir, los
servicios se prestaban por empresas privadas concesionarias y tras la finalización de la adjudicación y la decisión del ayuntamiento de prestar el servicio directamente se subroga al
personal que pasaba, dada la continuidad en la prestación del servicio, a ser considerado como personal laboral indefinido no fijo a la espera de la convocatoria del concurso- oposición.
En el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, la reversión del servicio de atención telefónica 010 tras la finalización de la contrata y la subrogación de los trabajadores como personal laboral
indefinido no-fijo fue recurrida por la patronal local a la que se adhirió la delegación del Gobierno. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Zaragoza suspendió
cautelarmente en febrero de 2017 la decisión del Ayuntamiento.
Así mismo, en el caso del Ayuntamiento de Valladolid, la reversión de la gestión del agua y la subrogación de los trabajadores como personal laboral indefinido no-fijo ha sido también
recurrida por la patronal local y por el Minsterio de Hacienda a través de la Abogacía del 1GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS EN LA ASAMBLEA DE MADRID Estado. El Juzgado de lo CA de Valladolid está pendiente de dictaminar sobre la suspensión cautelar de la decisión.
A estos casos recientes se suma el anuncio de una decisión de enorme trascendencia a escala autonómica por parte de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana de revertir la
gestión privada del hospital de Alzira que en su momento fue el laboratorio más avanzado (“modelo Alzira”) de la gestión privada de la sanidad pública en la que se privatizaba
también la gestión del núcleo duro del servicio público sanitario, incluyendo las actividades sanitarias y otorgando un papel fundamental a las aseguradoras privadas. La Conselleria de
Sanidad ha anunciado que subrogará a los trabajadores del departamento de salud de La Ribera con las mismas condiciones laborales que figuren en el convenio colectivo o en sus
contratos previos a la reversión a la gestión directa pública de esta área que se producirá el 1 de abril de 2018.

La intervención del Gobierno en estos procesos de remunicipalización tiene una clara intencionalidad política encaminada a entorpecer y dinamitar los procesos de remunicipalización y,  más generalmente, de los procesos de reversión hacia la gestión pública directa de servicios públicos cuya gestión fue privatizada en su día.
Uno de los temas más importantes que ha pasado ciertamente desapercibido es el incorporado en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 1 , aprobado por el Consejo de
Ministros el pasado 31 de marzo de 2017, y publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 6 de abril de 2017, en el que figura en su disposición adicional vigésimo séptima
en referencia a la limitación de incorporación de personal laboral al sector público y supone un ataque directo a los procesos de reversión hacia la gestión pública directa por las
administraciones públicas -ayuntamientos (remunicipalización) y Comunidades Autónomas- de los servicios públicos locales o autonómicos emprendidos en los Ayuntamientos del
Cambio (y en alguna CCAA como la Comunidad Valenciana) en relación a los procedimientos de subrogación de los trabajadores.

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-6-1.PDF pp. 142-3.2GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS EN LA ASAMBLEA DE MADRID
Disposición adicional vigésima séptima. Limitaciones a la incorporación de personal laboral al sector público.
Uno. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, las Administraciones Públicas del artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado  úblico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, no podrán considerar como empleados públicos de su artículo 8, ni podrán incorporar en dicha condición en una Administración Pública o en una entidad de derecho público:
a) A los trabajadores de los contratistas de concesiones de obras o de servicios públicos o de cualquier otro contrato adjudicado por las Administraciones Públicas previstas en el artículo 2.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, por resolución, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención del servicio conforme a la legislación de contratos del sector público que resultase aplicable a los mismos.
b) Al personal laboral que preste servicios en sociedades mercantiles públicas, fundaciones del sector público, consorcios, en personas jurídicas societarias o fundacionales que vayan a integrarse en una Administración Pública.
Al personal referido en los apartados anteriores le serán de aplicación las previsiones sobre sucesión de empresas contenidas en la normativa laboral.
Dos. En aquellos supuestos en los que, excepcionalmente, en cumplimiento de una sentencia judicial, o previa tramitación de un procedimiento que garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, el personal referido en el apartado 1.a) anterior sea incorporado a sociedades mercantiles públicas, las incorporaciones que se produzcan de acuerdo con lo previsto en este apartado, se contabilizarán como personal de nuevo ingreso del cómputo de la tasa de reposición de efectivos, quedando sujeto a los límites y requisitos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Tres. Lo establecido en esta disposición adicional tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1. 13.a y 18.a, así como del artículo 156.1 de la Constitución.
En síntesis, si una administración pública decide revertir la gestión privada de un servicio público y pasar a prestar directamente el servicio, deberá subrogar al personal que presta sus
servicios, por imperativo del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y de la moderna jurisprudencia comunitaria, pero los trabajadores subrogados no tendrán la condición de personal laboral indefinido-no fijo salvo que una sentencia lo determine o se tramite 3GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS EN LA ASAMBLEA DE MADRID con carácter previo el concurso-oposición para la adjudicación de la plaza con el límite de la tasa de reposición de efectivos.
Con anterioridad cuando un Ayuntamiento, a la finalización de una contrata, acordaba prestar el servicio directamente, se subrogaba en los derechos y obligaciones de los trabajadores que
pasaban a prestar el servicio adquiriendo la condición de personal laboral fijo no indefinido, y manteniendo un régimen transitorio negociado, hasta la convocatoria del correspondiente
concurso-oposición para garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad del personal al servicio de las administraciones públicas.
Esta disposición adicional supone en la práctica un torpedo en la línea de flotación de los procesos de remunicipalización y, por extensión, de reversión hacia la gestión pública directa
de los servicios públicos locales y autonómicos.
Dado que nos encontramos en fase de tramitación parlamentaria se recomienda, dentro del debate sobre el proyecto de ley, dar a conocer este tema e iniciar una campaña encaminada,
con las alianzas que sean necesarias, a enmendar esta disposición adicional.
En Madrid a 17 de abril de 2017.
CARLOS SEVILLA ALONSO
Secretaría de Acción Institucional de Podemos Comunidad de Madrid

Área de Legal
NOTICIAS
24/02/2017
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2017/02/24/una-juez-suspende-forma-cautelar-municipalizacion-del-010-1161023-301.html
31/03/2017
http://www.eldiario.es/politica/Hacienda-persona-primera-remunicipalizacion-servicio_0_627488367.html
5/04/2017
http://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2017/04/05/remunicipalizacion-servicios-peligro/1168844.html
16/04/2017
http://www.eldiario.es/politica/remunicipalizacion-presupuestos-ayuntamientos_0_631686916.html

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