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ACTO DE PODEMOS EN LEGANÉS SOBRE LAS MOCIONES DE CENSURA

ACTO DE PODEMOS EN LEGANÉS SOBRE LAS MOCIONES DE CENSURA

  • Representantes nacionales y autonómicos explicarán el proceso y las razones que convierten la moción de censura en una obligación ética

  • Será el 30 de mayo a las 19:00 horas en el Ágora del C.C. José Saramago

El próximo martes 30 de mayo Podemos celebra un acto en Leganés para apoyar las mociones de censura contra el Partido Popular que Podemos ha presentado tanto en la Comunidad de Madrid gobernada por Cristina Cifuentes, como en el Congreso de los Diputados contra el gobierno de Rajoy. Este acto servirá para explicar por qué la moción de censura es un deber político y moral para erradicar la corrupción de las instituciones, corrupción que afecta a la buena vida de toda la ciudadanía.

El acto arrancará a las 19:00 horas y se llevará a cabo al aire libre en el Ágora del Centro Cívico José Saramago (Avda. Mar Mediterráneo 24, Leganés). En él contaremos con la presencia de varios miembros de Podemos: Óscar Guardingo, senador de En Comú Podem; Isa Serra, diputada de la Asamblea de Madrid y responsable de Comunicación de Podemos Comunidad de Madrid; Ramón Espinar, senador y Secretario General de Podemos Comunidad de Madrid; y Lorena Ruíz-Huerta, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid.

Invitamos a todas las vecinas y vecinos de Leganés a asistir y participar en este evento. La corrupción sistémica del PP daña nuestras instituciones democráticas, rebaja nuestras condiciones de vida y viola nuestros derechos fundamentales. Es el momento de que la gente tome las riendas del rumbo político de su país y grite que hay que echarlos. Desde Podemos Leganés concebimos esta moción de censura no como una estrategia exclusivamente institucional, sino como una acción global que cuente con amplio apoyo de los ciudadanos y ciudadanas, de los colectivos sociales y de los movimientos que están en la calle. Porque cuando gobierna la trama no hay democracia, por eso, hay que echarlos.

Descarga aquí la nota de prensa

Concentración en apoyo de los vecinos de María Moliner 14

El pasado domingo 14 de mayo a las 12,00 Los vecinos de María Moliner 14 convocaban una concentración para dar a conocer la inmundicia con la que actúan, no solo los fondos buitres, si no también los gobiernos de la Comunidad de Madrid y el propio Ayuntamiento de Leganés, que lejos de velar y dar apoyo a los vecinos para lo que fueron elegidos en los comicios municipales, dan cobertura a las empesas qu atropellan los derechos de los ciudadanos. Los vecinos de María Moliner 14, tienen ante sí la pérdida de sus viviendas por la llegada al barrio de TESTA, un fondo buitre que ha comprado el edificio completo, propiedad de Larcovi.

Casi veinte años después, TESTA notifica a los inquilinos que al vencimiento de contrato, deben desalojar las casas, dejarlas limpias y entregar las llaves, incumpliendo las condiciones de Vivienda de Protección Oficial Especial que tenían.

La Asociación Vecinal de Leganés Norte, que siempre vela por los derechos de sus vecinos con gran tenacidad, nos explicaba en este articulo toda la historia, Podemos Leganés como no podía ser de otra manera, estuvimos apoyando a los vecinas y vecinos del inmueble para hacer latente la injusticia, otra más, que sufre el municipio.

Aquí os dejamos los testimonios recogidos:

 

SIN BUITRES EN LEGANÉS

Por Nacho Blanes.

Original publicado en Poder Popular, 14/05/17

Los buitres sobrevuelan Leganés una vez más. Si en el 2013 los carroñeros de Goldman Sachs hicieron un nido en el barrio de Arroyo Culebro comprando 36 viviendas y desahuciando a sus propietarios, ahora lo están haciendo en el barrio de Leganés Norte. Viviendas de protección oficial alquiladas a familias en situaciones de necesidad son vendidas a especuladores sin escrúpulos que solo ven el beneficio a corto plazo sin contar los costes humanos.

El infierno de estas familias empezó hace dos años cuando el consorcio autorizó la venta del bloque de VPO a METROVACESA S.A. siendo el actual alcalde de la ciudad, Santiago Llorente, vicepresidente. Votó a favor de la venta aunque hizo constar en acta que no les había dado tiempo a leer la documentación con el detenimiento suficiente que requería el asunto ya que ésta no había sido entregada con el tiempo necesario. La nueva gestora cambió las reglas subiendo el alquiler en el mejor de los casos, ya que en muchas ocasiones directamente no les renovaban el contrato, lo que ha supuesto que más de 20 familias hayan abandonado a día de hoy su hogar.

Desde entonces, los inquilinos han visto cambios de una gestora a otra hasta la última, TESTA RESIDENCIAL, lo que ha hecho que la cuota se incremente entre 150 y 250 € (tenemos el caso de una jubilada que cobra 1.000 € de pensión y le piden 730 de alquiler). Está claro que su objetivo final en un plazo de dos años es echar a las casi 100 familias que viven en el bloque para posteriormente tener un enorme beneficio vendiendo las viviendas a precios desorbitadas para un país en crisis. Que caiga el resto de bloques del barrio en la misma situación si esto sale bien es cuestión de tiempo.

Como hemos dicho, estas viviendas de protección oficial de régimen especial están habitadas por familias en situaciones algunas críticas en las que se llega a convivir con personas discapacitadas o con personas mayores a su cargo, normalmente con ingresos muy bajos, lo que hace que la situación sea dramática. ¿Qué harán estas familias cuando se vean expulsados de sus hogares? ¿Qué solución les da la administración? El silencio por parte del Ayuntamiento o la Comunidad es sonrojante, teniendo que utilizar la ayuda familiar en el mejor de los casos.

Sin lugar a dudas esto es el resultado de una economía basada en el ladrillo que prometía viviendas para todos y lo único que ha hecho es llevar a España a la ruina más absoluta. Un sistema económico basado en la construcción sin planificación alguna que reportaba grandes beneficios a los constructores y los bancos pero que finalmente ha dejado desamparados a aquellos que se suponía iban a habitar lo construido. Una vez que el sistema que alimentaba esta perversa relación económica se ha venido abajo y habiendo dejado a la población sin capacidad económica para adquirir una vivienda por los prohibitivos precios de los inmuebles, la única salida que queda para perpetuar sus beneficios es la más inhumana de todas, jugar con los derechos más fundamentales como son los de la vivienda o la sanidad.

La administración, que debería velar por ayudar a las personas más necesitadas, vende los inmuebles a fondos buitres a sabiendas de que su único objetivo es expulsarles de sus hogares para revenderlas a altos precios. Mientras tanto, el ayuntamiento de Leganés mira para otro lado en un ejemplo más del cinismo que le caracteriza.

El domingo 14 de mayo se celebró la primera de las muchas y necesarias manifestaciones que se van a realizar, con el objetivo de que aquellos que están al mando vean la luz y demuestren un mínimo de humanidad. Decenas de personas se congregaron en la puerta del inmueble pidiendo lo que les pertenece, una vivienda digna en la que vivir y criar a su familia. Los vecinos de María Moliner 14 no se rinden y exigirán a quienes tengan la responsabilidad política que muevan ficha para salvarlos del desastre y devolverles lo que siempre fue suyo, cuatro paredes dignas donde descansar tranquilamente.

Asamblea Podemos Leganés

Se convoca Asamblea de Podemos Leganés,

  • El próximo 17 de Mayo
  • a las 19:00 horas
  • en el Ágora del Centro Cultural José Saramago sito en la Avd. Mar Mediterráneo nº 24

El orden del día previsto es el siguiente:

  1. Aprobación del acta anterior
  2. Debate político: Mociones de censura a Clfuentes y Rajoy
  3. Información propuesta de trabajo: Barrio Leganés Norte
  4. Varios: Talleres políticos.

¡¡ ACUDE !!

 

 

Manifiesto ¡NO al TTIP! #CETAalDIA Vota NO al tratado UE-Canada

Las personas, el medio ambiente y la democracia antes que los beneficios y los derechos de las corporaciones

1. ¿Quiénes son?

Somos una campaña formada por movimientos sociales, organizaciones, colectivos, plataformas y asambleas ciudadanas que comparten una profunda preocupación por las diversas amenazas que plantean el Tratado Transatlántica de Comercio e Inversión (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP, por sus siglas en inglés, también conocido como Tratado de Libre Comercio Transatlántico o TAFTA) y el Tratado Unión Europea con Canada (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA). Representamos intereses públicos muy diversos, incluyendo la protección del medio ambiente, la salud pública, la agricultura, los derechos de lo/as consumidore/as y la protección de las normas alimentarias y agrícolas, las normas sociales y laborales, los derechos de las personas trabajadoras, los derechos de las mujeres y la lucha contra la dominación patriarcal, el acceso público a la información y los derechos digitales y la defensa de los servicios públicos esenciales como la educación y el control público y social de los sistemas financieros, el bienestar animal, entre otros.

Tenemos el firme compromiso de rechazar las actuales negociaciones sobre el TTIP, para garantizar un debate político transparente y democrático. Todos los acuerdos deben servir al interés público y a nuestro futuro común.

2. ¿Qué es el TTIP?

El TTIP es un acuerdo de gran alcance que se está negociando actualmente entre la Comisión Europea (en nombre de los Estados miembros de la Unión Europea -UE) y el gobierno de los Estados Unidos de América (EUA). No se trata de las barreras al comercio como los aranceles, que ya son en general muy bajos entre la UE y EUA. Se centra sobre todo en los reglamentos, normas, derechos corporativos y garantías de inversión. El TTIP tiene como objetivo, supuestamente, facilitar la inversión directa y la eliminación de obstáculos burocráticos innecesarios para el acceso al mercado para las empresas de ambos lados del Atlántico.

Los indicios de los que se dispone -provenientes de las empresas y la industria que está participando de alguna manera en las negociaciones- revelan que el enfoque sobre las barreras no arancelarias y la convergencia de la reglamentación entre ambas partes se está utilizando para impulsar la desregulación, una visión de los derechos de propiedad intelectual que sólo fomentan monopolios, y una carrera para igualar derechos y estándares a la baja. Los supuestos beneficios económicos no tienen fundamento y, en cualquier caso, son marginales para la sociedad en general, incluso en el caso de que fuera cierto lo que cuentan los defensores del acuerdo al respecto. Más bien todo indica que los objetivos del acuerdo amenazan importantes derechos adquiridos en las largas luchas democráticas y los intereses sociales de la ciudadanía de la UE, de los EUA y del resto del mundo.

Las negociaciones se están haciendo a puerta cerrada, sin una consulta pública efectiva. Los parlamentos nacionales no son informados sobre los detalles de los textos de negociación de la Comisión. Los fragmentos de información que han sido publicados -o filtrados- generan considerable inquietud.

3. ¿Qué nos preocupa?

  • La falta de transparencia y de procedimientos democráticos, lo que hace imposible a la ciudadanía y a la sociedad civil seguir las negociaciones para garantizar que los intereses públicos están siendo protegidos. Actualmente estas negociaciones están muy sesgadas: grupos de presión empresariales tienen acceso privilegiado a la información y oportunidades para influir en las negociaciones.
  • El capítulo propuesto sobre protección de inversiones y en particular la inclusión de una disposición sobre el mecanismo de Solución de Diferencias entre el Estado y el Inversor (ISDS). El ISDS brinda a los inversores derechos exclusivos para demandar a los Estados cuando consideren que alguna decisión democrática -realizada por instituciones representativas y para el interés general- se considera que puede tener impactos negativos en sus ganancias presentes o futuras. Estos mecanismos se basan en juicios fuera de los tribunales nacionales. Con ello se socavan los sistemas legales de las naciones, así como la soberanía democrática de la sociedad para la formulación de leyes y políticas de interés público.
  • La creación de nuevas estructuras antidemocráticas de gobierno, y de procedimientos que tienen como objetivo “armonizar las regulaciones” como el Consejo de Cooperación Regulatoria. Estas estructuras permitirían que las decisiones tomadas en el marco del TTIP sean constantemente presionadas en secreto por burócratas no electos y grandes lobbies empresariales. Estas estructuras no democráticas amenazan con rebajar importantes normas y reglas diseñadas para la protección de los intereses públicos, o prohibir futuras mejoras, independientemente de su necesidad y del mandato público. También nos preocupa el objetivo de fortalecer la protección de los “derechos de propiedad intelectual”, que tal como está planteado, ataca algunos de nuestros derechos básicos como la salud, la educación, la cultura y la libertad expresión

4. Demandas y objetivos compartidos

Sobre la base de los valores de la solidaridad internacional, la justicia social, la sostenibilidad ambiental y el respeto de todos los derechos humanos, trabajamos con nuestros aliados en los Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo, exigiendo:

a) Transparencia inmediata: se harán públicos los textos de negociación de la Comisión, así como todos los documentos de negociación para permitir un debate público abierto y crítico sobre la TTIP y el CETA.

b) NO al ISDS: nos oponemos a estos mecanismos de solución de diferencias entre el estado y el inversor y mantenemos con firmeza la soberanía de nuestras sociedades y de nuestros pueblos para la toma de decisiones en la defensa y mejora del interés público y del bien común por encima de los intereses privados.

c) NO al Consejo de Cooperación Regulatoria: toda la regulación de las operaciones comerciales, las condiciones del comercio y el establecimiento de estándares de producción del producto deben estar en manos de los órganos y procesos controlados democráticamente.

d) NO a la desregulación y a la rebaja de los estándares de protección y al servicio del interés público: el nivel de las normas sociales y laborales, de los consumidores y de la salud pública, la protección del medio ambiente, incluyendo la regeneración de nuestros recursos naturales, el bienestar animal, las normas sanitarias de los alimentos y las prácticas agrícolas ambientalmente sostenibles, el acceso a la información y al etiquetado, la cultura y la medicina, la regulación del mercado financiero, así como la protección de datos y otros derechos digitales que se deben mejorar, y no «armonizar» hasta el más bajo común denominador. El reconocimiento mutuo de estándares no es aceptable en la medida en que socava los niveles de protección acordados democráticamente. Hay que garantizar que se aplica el principio de precaución.

e) No existe peor desregulación que la privatización de los servicios públicos. Defendemos el acceso universal a una educación de calidad, a la atención a la salud y otros servicios públicos como instrumentos para sostener la reproducción social de la vida y como una contratación pública que promueve el empleo local y las economías locales, la discriminación positiva, el emprendimiento social, la economía sostenible, el cuidado de las personas y al servicio del interés público.

En este sentido hay que tener presente que los efectos de la privatización de los servicios públicos en diferentes ámbitos tienen un especial impacto en las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres.

f) La promoción de prácticas agrícolas sostenibles con el medio ambiente y la protección de la pequeña agricultura familiar.

g) Las instituciones públicas deben mantener el poder político y las estructuras necesarias para proteger ciertos sectores sensibles y salvaguardar las normas importantes para nuestra calidad de vida. Las normas laborales y ambientales internacionalmente acordadas deben ser respetadas. La violación continua de las normas del trabajo debe ser objeto de sanciones.

Finalmente defendemos la construcción de unas relaciones y políticas comerciales entre nuestros pueblos que pongan en primer lugar las personas y el planeta, garantizando:

  • los derechos humanos universales e inalienables de todas las personas, incluidos los derechos a una alimentación adecuada, agua, salud, derechos sexuales y reproductivos, integridad física y psíquica, ropa, vivienda, educación, protección social, movilidad, cultura, ocio y un medio ambiente limpio;
  • un trabajo decente, que permita a la gente vivir una vida digna, incluyendo una renta adecuada y los derechos laborales;
  • el reconocimiento del trabajo reproductivo y del cuidado y de los trabajos informales de servicio a las personas y a la comunidad. Garantizar una redistribución equitativa y una reorganización socioeconómica, de forma que no recaigan en exclusiva en las mujeres las tareas del bienestar cotidiano, así como la igualdad de salarios para hombres y mujeres;
  • una transición a una economía de bajas emisiones de carbono, que no se base en un consumo excesivo, sino en el uso social y ecológicamente responsable de los recursos, y que permita una vida digna sin poner en peligro el apoyo de otras personas, generaciones futuras, así como de la agricultura, de la flora y la fauna;
    lograr una democratización significativa en todos los niveles de toma de decisiones;
  • la lucha contra la pobreza y el establecimiento de nuevas relaciones de solidaridad y equidad entre hombres y mujeres y con las personas de otras regiones y el respeto de los derechos de las personas refugiadas e inmigrantes;
  • el aumento global del nivel de bienestar económico, social y ambiental.

 

Toda la información de la campaña aquí #CETAalDía